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La novela por la promoción industrial continúa. Ayer, varios gremios de La Rioja presentaron una acción de amparo ante la Justicia Federal de esa provincia para que ésta ordene a la Casa Rosada firmar con los gobiernos de las provincias promocgrionadas (La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis) los convenios de aplicación del decreto 699/2010 de Cristina Fernández. Esta norma prorrogaba por 24 meses la Promoción Industrial pero nunca fue instrumentada por el Ejecutivo nacional debido a los reclamos de otras provincias, como Mendoza y La Pampa, y por el costo fiscal que implicaba sostener este sistema de beneficios impositivos, que caducó el 31 de diciembre de 2012.

Los sindicatos riojanos pidieron puntualmente al juez federal de esa provincia que se ordene a la AFIP pagar inmediatamente los bonos de crédito fiscal a las empresas que gozaban de las exenciones de IVA y Ganancias y que exija a los gobiernos provinciales y Nacional que firmen los convenios respectivos para aplicar el decreto 699/2010. 


La movida fue motorizada por el diputado nacional riojano Jorge Yoma, un peronista que tomó distancia del kirchnerismo y ahora apoya la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Yoma convenció a una decena de gremios que nuclean a los trabajadores del Parque Industrial de La Rioja para que reclamen la aplicación del decreto 699/10 en la Justicia, ante la decisión de la Casa Rosada de dejar caer el mismo. El legislador se basó -según explicó a Los Andes- en un precedente que se suscitó en San Luis, donde la fábrica AVH fue ante un juez federal y "consiguió que éste ordenara a la Nación aplicar el decreto 699/10". Esta información no había trascendido antes, ni siquiera en los medios puntanos. 

La presentación sindical sostiene que el Ejecutivo nacional incurrió en "omisión inconstitucional y dilación de la ejecución de la prórroga" del régimen de exención impositiva. La acción fue presentada por la Asociación Obrera Textil (AOT), Asociación de Supervisores Metalmecánicos, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria (Setia), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOyEP), la Federación Obrera de la Industria del Vestido (Foniva) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). 

El escrito presentado por los gremios riojanos señala que "la medida cautelar que se promueve procura asegurar la subsistencia de las empresas radicadas en La Rioja, el nivel de empleo y producción vigente". Por ello se solicita que se dicte la cautelar y se ordene a la AFIP continuar acreditando, en las cuentas computarizadas, los bonos de crédito fiscal en las condiciones vigentes a la fecha de la sentencia, "hasta tanto se dicte el Convenio de Instrumentación". Además, piden que dicho convenio Provincia-Nación se suscriba en un plazo no mayor a los 90 días. 

Yoma aseguró que el decreto 699/10 "está vigente". "Cristina Fernández hizo uso de las facultades delegadas del Legislativo por lo cual extendió la emergencia laboral en la región y prorrogó por dos años más la Promoción Industrial. El artículo 12 del decreto señala que la norma entrará en vigencia cuando las provincias y la Nación firmen los convenios de instrumentación. Como esto no sucedió, la norma sigue vigente. No es cierto que haya expirado", manifestó. 

Agregó: "Lo que sí finalizó fue la Promoción pero lo que nosotros estamos diciendo es que el decreto que la prorroga por 24 meses no ha sido anulado por ninguna otra ley ni decreto y, por lo tanto, se está a tiempo de instrumentarlo para preservar las fuentes de trabajo. En La Rioja ya hay despidos". Según Yoma, "hay antecedentes de normas que no fueron reglamentadas y que la Corte ordenó que se aplicaran igual porque, si no, se violaban garantías constitucionales". 

La noticia de la presentación judicial de los gremios sorprendió al Gobierno nacional y al mendocino. Ninguna fuente consultada quiso opinar sobre el tema hasta tanto el juez riojano tome alguna decisión. Sin embargo, en Mendoza la opinión generalizada es que el decreto 699/10 expiró por lo cual "ningún juez puede resolver sobre algo que ya no tiene vigencia", como sostuvo el senador nacional Ernesto Sanz (UCR).  

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Lo cierto es que el polémico decreto que en 2010 extendió la promoción industrial sostiene -como señala Yoma- en el artículo 12 que la medida entrará en vigencia "una vez que la provincia adhiera y se firme el Convenio de Instrumentación" pero en el artículo 5 manifiesta que "la fecha límite para la puesta en marcha" de la ampliación de cada proyecto promocionado (algo a lo que daba lugar el decreto) "no podrá exceder del 31 de diciembre de 2012". 


Es decir que ambas interpretaciones conviven en la misma norma.

 

 
 



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